Fruto del trabajo conjunto de una gran parte de las organizaciones y plataformas de la sociedad civil, esta ma\u00f1ana se ha presentado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, un documento en el que se hacen constar las principales preocupaciones que ha suscitado la aprobaci\u00f3n y entrada en vigor de la Ley de Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana, aprobada el pasado 26 de marzo, con relaci\u00f3n al ejercicio y protecci\u00f3n de determinados Derechos Humanos contenidos en nuestra Constituci\u00f3n y los tratados internacionales suscritos por Espa\u00f1a.<\/p>\n
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En el citado documento, se cuestiona la posible inconstitucionalidad de algunos art\u00edculos de la misma, relativos, entre otros, a los registros corporales externos,\u00a0 a la libertad de informaci\u00f3n y de expresi\u00f3n y a los rechazos en frontera. Estos \u00faltimos han sido introducidos por el Ejecutivo mediante una Disposici\u00f3n Adicional con la pretensi\u00f3n de legalizar una pr\u00e1ctica que, en opini\u00f3n de las organizaciones sociales, es ilegal, contraria al derecho internacional \u2013 en especial en referencia al Derecho de Asilo-\u00a0 y que merecer\u00eda ser tachada de inconstitucional.<\/p>\n
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Por ese motivo, en la reuni\u00f3n cebrada esta ma\u00f1ana en Madrid se ha instado a la Defensora del Pueblo a interponer el correspondiente Recurso de Inconstitucionalidad frente a parte del articulado de la reci\u00e9n aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, de conformidad con lo estipulado en la propia Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que, en su art\u00edculo 162.1 a), se\u00f1ala a la Defensora\u00a0 del Pueblo como\u00a0 legitimada para hacerlo.<\/p>\n
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Unidas en su preocupaci\u00f3n por los Derechos Humanos y por la posible inconstitucionalidad de algunos art\u00edculos de la reci\u00e9n aprobada Ley, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil plantean esta propuesta como una v\u00eda democr\u00e1tica y pac\u00edfica de mostrar su disconformidad en lo que consideran un retroceso en el reconocimiento y acceso a los Derechos amparados tanto por nuestra Carta Magna como por diversas normas internacionales de Derechos Humanos suscrita por Espa\u00f1a y que forman ya parte de nuestra propia legislaci\u00f3n.<\/p>\n
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Esta propuesta viene avalada por la activa participaci\u00f3n en la misma de numerosos representantes del tercer sector de la acci\u00f3n social, de la sociedad civil y de los movimientos sociales y ciudadanos, y en la que se dan la mano organizaciones tan diversas como Andaluc\u00eda Acoge, Asociaci\u00f3n Apoyo, Asociaci\u00f3n Solcom, Comisi\u00f3n Espa\u00f1ola de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes o la Subcomisi\u00f3n de Extranjer\u00eda del Consejo General de la Abogac\u00eda. Cabe destacar, tambi\u00e9n, el apoyo brindado a esta iniciativa por Amnist\u00eda Internacional, la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y la Plataforma No Somos Delito.<\/p>\n
Tras la reuni\u00f3n mantenida con Soledad Becerril, los representantes de las entidades promotoras del documento han expresado su convicci\u00f3n de que existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para impulsar el Recurso de Inconstitucionalidad y han mostrado su confianza en las gestiones que, en ese sentido, vaya a llevar a cabo la Defensora del Pueblo. Asimismo, se han comprometido con la ciudadan\u00eda a realizar el oportuno seguimiento informativo de las mismas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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